Archivos Mensuales: diciembre 2018

Atención primaria: el fracaso de un modelo.

centro de salud SESCAM

 

Hoy podemos afirmar que el modelo de atención primaria en su versión SESCAM (hay versiones más favorables) ha fracasado estrepitosamente, y esto es algo que se podía vaticinar casi con certeza ya en el año 2008, cuando una nueva normativa sobre “descansos” en atención primaria dio pie a la irregularidad (y a la irresponsabilidad) de gestionar el “descanso” posguardia como “libranza” posguardia. Esta es la espoleta que activa el desastre de nuestra atención primaria. Obsolescencia programada. Vamos a intentar explicar por qué.

Esa normativa de descansos en atención primaria del SESCAM que mencionamos un poco más arriba, y que arranca en el año 2008, se cuida mucho de utilizar siempre este término, “descanso” (no se sale de ese carril), ya que es el término legal correcto. Pero enseguida, y faltando a la terminología que usa la norma, muchos empiezan a promover el término “libranza” posguardia. He aquí un ejemplo notable de cómo la manipulación del lenguaje (su falsificación) prepara el terreno a una irregularidad.

Los que redactaron la norma de “descansos” en la atención primaria del SESCAM conocían la legalidad aplicable (el estatuto marco del personal estatutario define lo que es tiempo de trabajo y lo que es tiempo de descanso) y conocían también la jurisprudencia firme que había que respetar: la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el descanso posguardia fijada en su sentencia sobre el recurso 4848/2000. Esta viene a decir que el “descanso” posguardia es un descanso entre jornadas (no una libranza) y “no exime del cumplimiento de la jornada legal”. Más claro, agua.

Pero como decimos, enseguida aquella norma de 2008 se empezó a aplicar torticeramente, y lo que era un “descanso” entre jornadas que “no eximía del cumplimiento de la jornada legal” (según la norma legal y la jurisprudencia aún vigente), empezó a implementarse como una “libranza” que amparaba el incumplimiento de la jornada legal, es decir, una ilegalidad (en opinión de muchos).

¿Y esto en qué se traduce, puesto en números? O si se prefiere: puesto en números y listas de espera.

Pues se traduce en que, por ejemplo, en la gerencia de atención primaria de Guadalajara y según algunos cálculos, y analizando solo un semestre (el primero de 2017) se computaron y se retribuyeron como trabajadas –sin trabajarse- 65.000 horas de asistencia de consulta en atención primaria. Puede uno imaginarse fácilmente cuantas listas de espera para el médico de cabecera se derivan de ese dato que mide un incumplimiento de jornada legal.

Multipliquen ese cálculo (de incumplimiento retribuido) por el número de gerencias de atención primaria del SESCAM (unas cuantas) y por el número de semestres a considerar (bastantes desde el 2008 hasta el día de hoy).

Los parches a la irregularidad comenzaron rápido, casi con la puesta en marcha de la norma sobre “descansos”. A contrapelo y faltando a la legalidad, ese “descanso” fue gestionado por el SESCAM como “licencia” (aunque no aparece en la normativa sobre licencias legales), y en consecuencia se echó mano de “sustitutos” permanentes (llamados correturnos) para cubrir ese roto, es decir, esa jornada incumplida que se computaba como cumplida y se retribuía a su titular y responsable último, aunque no la trabajara.

Evidentemente esto constituye un caso de “doble pago de una misma jornada”: al que la cumple efectivamente, el sustituto correturnos, y a quien la incumple contra la legalidad de las jornadas, el responsable legal y titular último de esa jornada, miembro del EAP. Presumiblemente todo ello incurre en dos vicios legales: en fraude de jornada y en fraude de dinero público, según la legalidad vigente: Estatuto marco, normativa de jornada, normativa de descansos, y jurisprudencia del Tribunal supremo.

Ese “doble pago” contribuyó a la ruina económica posterior.

Esto lo ha explicado muy bien Ángel García Millán (Jefe de sección de RRHH de la Gerencia de Atención Integrada de Talavera de la Reina), en un artículo del BOLETÍN DE DERECHO SANITARIO Y BIOÉTICA nº 152 Diciembre 2017, editado por la Secretaría General del SESCAM, titulado: “La jornada complementaria como obligación del personal sanitario”.

En dicho artículo, este experto maneja con rigor los aspectos claves del modelo actual, trufado de irregularidades, que ha conducido al desastre de nuestra atención primaria, y que podemos definir sin reparos como un “modelo de peonadas”: es decir, un modelo dónde se acumula jornada complementaria (guardias) y sus correspondientes retribuciones extras para incumplir en la misma medida y proporción la jornada legal de consulta. En este planteamiento, el interés general del servicio público y del usuario de nuestra sanidad no aparece por ningún sitio. No cuenta.

Como no podía ser de otra manera, en ese artículo se explica que el cumplimiento de la jornada ordinaria (de consulta) precede al abordaje y desarrollo de jornada complementaria (guardias), salvo que pretendamos poner el carro delante de los bueyes, o dicho de otra forma: defraudar jornada y dinero público; y a su vez el cumplimiento en su totalidad de la jornada complementaria precede al desarrollo de jornada especial, cuyo abordaje solo cabe entender en circunstancias muy improbables, casi catastróficas.

Además deja claro García Millán que la jornada complementaria no es un “derecho” como piensan algunos miembros del EAP, sino un “deber” u obligación administrable. ¿Administrable en base a que criterio? Pues en base al interés general de eficacia y eficiencia con el que nuestro ordenamiento jurídico obliga a nuestros gestores. Ningún parecido con nuestra realidad.

García Millán ha advertido repetidamente de una obviedad (en la línea de la jurisprudencia del Tribunal Supremo): el descanso posguardia (un descanso entre jornadas), se articule como se articule (he ahí la variabilidad de los modelos) no exime del cumplimiento de la jornada legal. La jornada legal se retribuye, y es al mismo tiempo un derecho y una obligación. Si se retribuye es porque es obligado cumplirla y trabajarla, y esto es igual para todos los trabajadores públicos. No hay excepciones a esta exigencia, que además de obedecer al principio constitucional de igualdad ante la Ley, esta sujeta al principio de eficiencia y buena gestión que impone nuestro ordenamiento jurídico.

Visto en su auténtica dimensión, el actual modelo de nuestra atención primaria (la del SESCAM) corresponde a un modelo de “peonadas”: se acumula jornada complementaria de guardias y sus correspondientes retribuciones para incumplir jornada ordinaria de consulta, que aún incumplida se retribuye. Es decir, se rompen todas las reglas, incluidas las de eficiencia asistencial y buen uso del dinero público.

Para ello se promueve y se favorece incluso un modelo “antirotatorio” del calendario de guardias (en contra del Decreto 137/1984) que lleve al máximo el número de falsas libranzas posguardia y sus consiguientes consultas cerradas, listas de espera, acúmulo de funciones en otros miembros del EAP, saturación de los PAC y otros servicios de urgencias, etc.

¿Cómo se lleva a cabo esta explotación de libranzas (pseudolibranzas) posguardia? Pues permitiendo en muchos casos y gerencias que los miembros del EAP “escojan” las guardias de lunes a jueves, y tantas como les venga en gana.

Hagamos balance:

Los únicos beneficiados con este modelo trufado de vicios legales son los miembros del EAP que hacen guardias e incumplen sistemáticamente su jornada legal de consulta.

Los perjudicados sin embargo son múltiples: el paciente o usuario que se topa con su consulta cerrada y con las listas de espera (de entre 1 y 2 semanas) y que ve interrumpida y desnaturalizada la relación con su médico de cabecera (frecuentemente ni saben quien es); resultan perjudicados también el resto de profesionales de atención primaria, por ejemplo el personal PEAC (médicos y enfermeros), por ejemplo el resto de profesionales del EAP que no hacen guardias. Y en última instancia resulta perjudicada y deteriorada toda la atención primaria, pues se desnaturaliza su función y se degrada, al servicio de intereses no solo estrechos sino muy poco asumibles: un acúmulo de retribuciones que se articula en torno a un incumplimiento de jornada legal.

Mal balance es este, y muy alejado de las exigencias de nuestro ordenamiento jurídico.

No hay aquí un conflicto de intereses, sino un conflicto y una burla de “derechos”, y una legalidad puesta en cuarentena.

Es un modelo lleno de “irregularidades” que además vive de la precarización de otros profesionales (los que si cumplen): Peac, correturnos, chicos para todo…

Con el cambio de gobierno en nuestra comunidad hace unos años, y aún contando con las pésimas intenciones que el gobierno del PP albergaba respecto al servicio público (motivo principal por el que perdió el gobierno), el consejero Echaniz supo ver desde el principio la irregularidad ruinosa que alojaba en su seno nuestra atención primaria, y casi una de sus primeras decisiones fue prescindir de un plumazo del modelo correturnos (el doble pago de una misma jornada al servicio de un modelo irregular de explotación de peonadas). Nunca fue mas acertada aquella frase que alaba (aunque con reservas) el hecho de “hacer de la necesidad virtud”.

Contra este modelo irregular que aquí denunciamos clama en el desierto no solo el sentido común y la responsabilidad de ciudadanos que a todos nos incumbe, sino toda una jurisprudencia (firme) del Tribunal Supremo, la legalidad sobre jornadas y descansos expresada en el Estatuto Marco y normativa subsidiaria, múltiples sentencias que establecen la naturaleza de la jornada complementaria y la coordinación en el calendario de guardias de las jornadas del EAP y el personal PEAC (TSJCLM, juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Badajoz…), pero sobre todo la constatación empírica y diaria del fracaso del modelo y del deterioro de la atención primaria.

¿Hay perspectivas de solución?

No parece pues incluso los sindicatos se muestran ufanos de un logro reciente que equivale a “hormonar” artificialmente este modelo “extraordinario” de peonadas. Se muestran orgullosos de lograr el aumento de retribuciones para las “horas extraordinarias”, cuando lo que deberían promover siempre y antes que nada es el cumplimiento efectivo de la jornada ordinaria (por todos) y su retribución digna y suficiente.

¿Instrumentos para la verificación (fichaje) de la jornada?

Como estamos en un servicio público, bienvenidos sean los instrumentos para “fichar” y verificar el cumplimiento efectivo de la jornada en todos sus posibles tramos: ordinaria, complementaria, especial.

Ya hemos escuchado algunas opiniones en contra de esta iniciativa. ¿Será por todo lo que se expone más arriba?

Hablemos de las HORAS COSPEDAL. Así se llama popularmente a un añadido de 2,5 horas de trabajo a la semana para los trabajadores públicos, derivado de la Ley 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, nombre rimbombante con el que se ocultan los recortes derivados de la “gran estafa”, efectivamente financiera. Otros a esa “gran estafa” financiera la llaman, eufemísticamente, la “gran recesión”.

Pues bien, ese añadido de jornada hizo que la jornada semanal de los trabajadores públicos pasara de 35 horas semanales a 37,5. Sin embargo tras una primera fase de aspavientos y enfado (pues efectivamente se cumplía la norma) en determinados ámbitos se entró enseguida en un camino de normalidad y rutina muy distinta de los primeros momentos. A partir de esta observación cabe preguntar a nuestros gestores de la atención primaria del SESCAM lo siguiente:

¿Aparte del personal PEAC que las cumple religiosamente, una tras otra, quién más cumple las 37,5 horas semanales en nuestra atención primaria? Sería bueno que en todos los casos se redujera a 35 horas semanales, pero ¿de qué situación real partimos?

No es una afirmación, es una duda y una pregunta que planteamos a nuestros gestores, y mientras tanto ponemos en suspenso el principio constitucional de igualdad ante la ley.

 

Bibliografía:

Sentencia del Tribunal supremo (recurso 4848/2000): https://www.calameo.com/read/005719043bada47965fe8

Artículo de Ángel García Millán (BOLETÍN DE DERECHO SANITARIO Y BIOÉTICA nº 152 Diciembre 2017) https://www.calameo.com/read/005719043db818e768f11

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